EL
PAêS
Magistrada
Ana Virginia Calzada habl— del tema
Presidenta de Sala IV
da v’a libre a regulador para fijar tarifas
Lo impugnado es
el ComitŽ; MelŽndez puede continuar resolviendo, asegura
Jerarca de Aresep dice que le preocupa la acumulaci—n de solicitudes
tarifarias
Mercedes Aguero R. maguero@nacion.com
12:00
a.m. 25/11/2011
La
presidenta de la Sala Constitucional, la magistrada Ana Virginia Calzada,
manifest— que el regulador general tiene v’a libre para resolver las
solicitudes de tarifas de servicios pœblicos.
En
una entrevista con La Naci—n, el miŽrcoles, que lo impugnado ante la
Sala IV es lo tocante al ComitŽ de Regulaci—n.
ÒEl
regulador puede seguir resolviendo. Claro, es un recargo que va a tener con
respecto a como ven’an trabajando anteriormente –cuando estaba activo el
ComitŽ–, pero eso no quiere decir que no se pueda resolverÓ , se–al—
Calzada.
La
magistrada a–adi— que el regulador general, Dennis MelŽndez, es el m‡ximo
representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Pœblicos (Aresep).
Esto
le da la potestad para asumir esa funci—n mientras la Sala IV resuelve en forma
definitiva sobre la constitucionalidad del ComitŽ.
Este
mismo criterio lo exteriorizaron los directivos de la Aresep
Emilio Arias y Mar’a Lourdes Echandi, pero no ha contado con el respaldo de
MelŽndez.
La
fijaci—n de tarifas en los servicios pœblicos est‡ paralizada desde el 29 de
setiembre, luego de que la Sala Constitucional suspendi— el dictado de
resoluciones finales por parte del ComitŽ.
El
recurrente, la organizaci—n Consumidores de Costa Rica, aleg— que el ComitŽ no
puede decidir sobre tarifas pues fue creado por la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Pœblicos y no por una ley.
MelŽndez,
quien ha mantenido el criterio de que la actual ley de la Aresep
no le da potestades para fijar precios y tarifas, inform— el miŽrcoles de que
est‡ preocupado por la acumulaci—n de solicitudes.
En
el —rgano regulador hay 31 solicitudes pendientes. Entre estas figuran
variaciones en el precio de los combustibles, en tarifas portuarias, correos,
transporte pœblico por autobœs y servicios elŽctricos.
En
criterio de MelŽndez, esto afectar‡ a los usuarios porque en algœn momento
recibir‡n una avalancha de incrementos de precios en un periodo muy corto.
ÒMe
preocupa que se han acumulado muchas fijaciones tarifarias que no han podido
ser resueltas al carecer de un —rgano que pueda tomar la decisi—n finalÓ, dijo.
Asimismo,
advirti— que entra en riesgo la continuidad y calidad en algunos de los
servicios pœblicos, pues las empresas no pueden hacer frente a sus costos
operativos.
Falta. Consultada sobre cu‡nto falta para que la Sala
resuelva en forma definitiva la acci—n de inconstitucionalidad, la magistrada
Calzada no precis— una fecha.
Indic—
que faltan informes de la Procuradur’a General, la publicaci—n de los edictos y
que pase el plazo para las coadyuvancias.
La
constitucionalidad del ComitŽ de Regulaci—n tambiŽn ha sido cuestionada por
abogados especializados como RubŽn Hern‡ndez, contratado por la Aresep exclusivamente para que diera un criterio sobre el
tema.